Concurrencia y participación electoral

Es preciso comenzar reconociendo la exitosa labor que ha realizado la Corte Nacional Electoral y por supuesto todas las instancias subnacionales de esta entidad en estas últimas semanas, con la ejecución del padrón biométrico, en medio de suspicacias y escepticismos provenientes del entorno político, sobre todo del Gobierno. El haber logrado la primera de las metas inicialmente propuestas en menos tiempo del previsto, denota el esfuerzo con que ha trabajado este órgano que tenía -y tiene- la gran responsabilidad de garantizar la certidumbre del ejercicio de la democracia.

Sin embargo, tan o más importante y llamativa es la respuesta ciudadana, el interés por acudir a inscribirse en el padrón durante las primeras semanas para poder participar en las elecciones. Si miramos hacia atrás las tendencias de participación ciudadana en los procesos electorales (con referencia a sus respectivos padrones), han sido básicamente las siguientes: se puede percibir un notorio incremento en los primeros años de recuperación de la democracia, así en 1980 la participación electoral fue del 74,76% y ascendió en 1985 al 81,9%, luego descendió en 1989 al 73,5%, y se mantuvo como tendencia regular durante varios procesos, por ejemplo, en 1993 fue del 72,1%, en 1997 alcanzó al 71,3%, y en las elecciones del 2002 del 72,1%; de manera sorpresiva, sin embargo, para las elecciones nacionales del 2005 subió a 84,5% y más llamativo aún fue el resultado en el referéndum constituyente de enero pasado, cuando alcanzó al 90,2% de participación ciudadana.

Más allá de los tecnicismos y matices, estas tendencias en el comportamiento electoral demuestran, en primer lugar, un arraigo de la apuesta de la población por la democracia y sus reglas de juego, como lo demuestran los diversos estudios de cultura política realizados en los últimos años, en que la votación aparece como una vía aceptada y asumida por la ciudadanía para la selección de gobiernos; en segundo lugar, el impulso participacionista de la población sobre todo en coyunturas críticas. Al parecer en esos momentos, la ciudadanía responde a una interpelación política mediada por cambios y nuevas posibilidades, y está ligada a la idea y sensación de que "su voto cuenta". Ello se percibe, por ejemplo, en los altos porcentajes de participación después del gobierno de la UDP signado por múltiples fracturas, y también después de la crisis de las sucesiones presidenciales Sánchez de Lozada-Mesa-Rodríguez. En ese sentido, discrepo con la idea de que la población acude a inscribirse y a votar fundamentalmente por temor a la sanción electoral o porque el voto en el país simplemente es obligatorio -que entre paréntesis está bien como resguardo legal-.

No sucede lo mismo con el voto en el exterior, que por los resultados preliminares y por las tendencias en los distintos países del mundo, no se acercará siquiera al 6%; porcentaje que fue fijado de manera precipitada y poco reflexiva, y que de manera más irreflexiva y precipitada aún está poniendo en riesgo el proceso electoral. En todo caso, el grado de involucramiento ciudadano no puede ser sino buena noticia para la democracia boliviana y sus instituciones.

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